ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA DESACRALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO

“Un gobierno popular, en ausencia de información para el pueblo sin los medios adecuados para adquirirla, no es más que el prólogo de una farsa o una tragedia, o talvez ambas.” Lo dijo James Madison, cuarto presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, en el siglo XIX.

Desde hace 200 años, ya se hablaba y se resaltaba la importancia de que las sociedades cuenten con medios adecuados para adquirir la información de los regímenes o lo que hoy conocemos como información pública.

ANTECEDENTES

Estados Unidos lleva la batuta en el acceso a la información pública, en 1971 el New York Times publicó documentos secretos del Pentágono sobre la Guerra de Vietnam, y en esa misma década otra investigación periodística da como resultado la caída de Richard Nixon con el caso Watergate.

En México, el escándalo de “Toallagate” (en alusión a la emblemática investigación de Watergate) publicado por el diario Milenio en junio del 2001, denunció la compra de toallas importadas por 4 mil 25 pesos, para la mansión presidencial. Este hecho salió a la luz pública luego de que el gobierno del entonces presidente Vicente Fox decidiera transparentar los gastos de su administración.

Después de este caso, centenares de periodistas mexicanos se abalanzaron hacia la administración pública en busca de información, probablemente debido a la espectacularidad de “Toallagate”, pero abrió el interés de la prensa azteca por acceder a la información pública. Tanto así, que un año después de la denuncia del diario Milenio, el gobierno mexicano expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

LOTAIP ECUADOR

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública es publicada en el Registro Oficial el 18 de mayo del 2004, y su reglamento el 19 de enero del 2005. Este cuerpo legal nace para garantizar y normar el ejercicio del derecho fundamental de las personas a la información conforme a la Constitución Política de la República, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales vigentes. (Art. 2 LOTAIP)

En este cuerpo legal se establece su aplicación, qué es información pública, reservada, confidencialidad. Así como las sanciones a funcionarios y empleados públicos que nieguen el acceso a la información pública, que incluyen multas, suspensión y hasta la destitución.

Desde la entrada en vigencia de esta Ley Orgánica, la expectativa por parte de los medios de comunicación y periodistas fue notoria. Es el caso de medios EDIASA (televisión, prensa e internet) empresa manabita que a los pocos meses de promulgado el cuerpo legal, realizó 20 pedidos de información a instituciones públicas de toda la provincia, entre ellas gobiernos municipales, provincial, ex CRM, etc.

De los 20 pedidos, 19 fueron contestados favorablemente, mientras que la Junta de Recursos Hidráulicos se negó a entregar la información, iniciándose un proceso legal, que después de un año, dio la razón a medios EDIASA. Cumplido este ejercicio, el uso de la LOTAIP ha sido  muy limitado por los periodistas de esta empresa, según indicó Jaime Ugalde, Editor de la misma.

El presente año, Participación Ciudadana, una ONG que recibe aportes de la USAID (cuestionada por el actual presidente de la República, Rafael Correa) capacita a centenares de profesionales y estudiantes de la comunicación sobre la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como parte de un proyecto de “Vigilancia de la Gestión Pública”.

Para Guadalupe Fierro, Vicepresidenta de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, y abogada en libre ejercicio, la LOTAIP es una ley que en ocasiones es hasta “bastante” generosa, por ejemplo, en el Art. 5 se establece como información pública, los contenidos creados u obtenidos por las instituciones públicas, en cualquier formato. Lo que da a entender, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estaría en la obligación de otorgar la información que posee respecto a sus afiliados.

INCONVENIENTES EN SU APLICACIÓN

Mariana Neira, periodista de la Unidad de Investigación de la revista Vistazo, manifiesta que el principal problema para la aplicación de la LOTAIP es que muchas de las instituciones públicas contestan los pedidos afirmando que la información requerida es reservada o confidencial, en la mayoría de los casos sin sustento alguno.

En el Art. 17 de esta ley, se establece que la información que no está sujeta a ser divulgada son los documentos clasificados como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional, como planes y ordenes de defensa nacional, etc.

El paraguayo Benjamín Bogado, afirma que “Nos dimos cuenta que a veces la autoridad pública no responde a lo que el ciudadano le pide porque sencillamente no tiene la información o la tiene descuidada, o la perdió o no está ordenada”, por lo cual asegura que una Ley de Acceso a la Información Pública, debe ir precedida de una Ley de Archivos.

En Ecuador la LOTAIP establece en el Art. 10, la custodia de la información pública como obligación de los funcionarios y autoridades.

LOTAIP APORTE A LA DESACRALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO O INSTITUCIÓN PÚBLICA

Hace pocos días al ingresar a una institución pública de mi ciudad, leía en una hoja pegada en una pared, que cualquier persona que faltara el respeto a un funcionario público sería sujeto a sanciones incluida la prisión. Para estar a la par, los miles de usuarios de esta institución pública bien podríamos ir con una camiseta donde escribamos nuestros derechos y las obligaciones de los funcionarios públicos. Bien sería un recordatorio para que nos brinden una mejor atención.

Este ejemplo no tiene nada que ver con la información, pero si denota aquella sacralización del empleado público, cada vez menos sacro, pero que en algunos aspectos aun se mantiene.

A 8 años de haber entrado en vigencia la LOTAIP, podemos decir que la misma es una herramienta para la desacralización de las personas e instituciones públicas. Pues los ciudadanos y principalmente los periodistas cuentan con una herramienta útil para exigir la entrega de información que puede contribuir a transparentar la función pública.

El uso de esta Ley, no es generalizado, y hasta “maniobras” venidas de ciertas instituciones públicas probablemente no permitan constatar el valor de esta Ley Orgánica, sin embargo su valía es enorme, más aún cuando la misma cuenta con el respaldo de acuerdos internacionales. Esta en los ciudadanos y principalmente los periodistas aplicarla y de esta manera desacralizar a los personajes públicos, y que se conviertan en lo que verdaderamente deben de ser: servidores públicos. Y un servidor, sin lugar a dudas, rinde cuentas.

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